Estos dias el escenario político (no jurídico) y después, claro, es jurídico y político... es apariencia de entreguismo, ya no de prudencia. El triste espectáculo cotidiano al que empezamos a asistir consiste en un consentido asalto a nuestra Constitución, la omisión en la toma de decisiones para reprimir el consciente asalto a nuestro estado y a sus bienes, así como una planificación coordinada de las agresiones en todos los ámbitos contra los símbolos de la continuidad histórica de nuestra patria y contra nuestra Carta magna. S.M. el Rey dio la cara por todos nosotros españoles, por nuestros Derechos y obligaciones como ciudadanos, por nuestras instituciones. Nadie ha defendido, desde entonces, con los hechos, a S.M. el Rey, solamente sí lo hizo instintivamente la opinión pública (tan maleable y volátil igualmente).
El escenario cotidiano aparenta consistir en la abstención, a la hora de decidir actuaciones, por parte de los gobernantes nacionales (para muchos, una cobardía patológica e inacabable) y, desde ahora, por desgracia con una sensación para muchos también de aparente complicidad (por su inacción) desde el gobierno nacional. Y si se piensa en el futuro existe una obviedad; mientras no se cambie la actual situación de facto y se traten de controlar, siempre constitucionalmente, los instrumentos en manos de la Autonomía que han provocado este gravísimo problema....antes o después el resultado del proceso será de nuevo similar.
La evolución de los acontecimientos nos muestra una irresoluble crísis anunciada sea ahora (imaginen un acuerdo) o dentro de veinticinco años; la tendencia desde los años 80 es que las autoridades centrales nunca reaccionan, las regionales siempre quieren más. El neoetnicismo disgregador tiene todo a su favor. Un complejo cultural y mediático descentralizado pero que aúna una educación segregadora masivamente controlada por independentistas, unos medios de comunicación dependientes de autoridades autonómicas secesionistas, y una policía en ámbito regional sustraída ya al control de instancias superiores (y cuerpos autonómicos que actúan con tanta violencia y muy discutibles criterios según tantas imágenes).
En resumen, estamos asistiendo no solamente a un golpe de estado en directo sino a la confirmación de un fracaso colectivo vista la inacción global de las administraciones en asumir la defensa coordinada de nuestras leyes e instituciones. Y, por otra parte, si lo que está ocurriendo no fuese tan grave como se nos manifiesta cotidianamente... la irresponsabilidad colectiva de todos los implicados en este drama (pues será dramático, en su momento, asumir los costos de la no-España) aún es mayor. La posible hecatombe económica y social parece no preocupar tampoco a dichos políticos-funcionarios, expertos en flotar sobre las rentas extractivas de la función pública (sea nacional o autonómica).
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